4. Educación
Cívica y Valores
Políticos
Así pues, los demócrata-participativos
creen que la participación origina toda una serie de
elementos y valores
extraordinariamente provechosos para la ciudadanía y su
educación
cívica, con un impacto muy positivo en la gobernabilidad
del sistema a
través de su democratización. En
contraposición a esto, los liberales más o menos
conservadores señalan las ventajas del sistema
representativo, de un cierto grado de desimplicación
ciudadana, de una cultura
política
más centrada en la autonomía individual, en la
tolerancia y
en las instituciones,
que en la participación directa.
Es evidente que para ambos puntos de vista la educación
cívica es importante, aun cuando los valores y
actividades asociados a ella podrían ser muy diferentes si
asumimos una u otra perspectiva.
Si asumimos la perspectiva liberal, el valor de la
tolerancia se
convierte en crucial. Los liberales confían en poder
articular un Estado neutral
entre las distintas concepciones del bien (al estilo de John
Rawls, por ejemplo), que sea capaz de crear tolerancia negativa y
desimplicada, una tolerancia pragmática que no
exigiría más que una actitud de
«vivir y dejar vivir» entre los ciudadanos . Esto
explicaría, entre otras cosas, que los
liberal-conservadores tendieran a ver el problema de la educación
cívica en términos "privados" o familiares, es
decir, en términos en los que lo único que se
exigiría de un ciudadano sería el desarrollo de
sus propias inclinaciones culturalmente valorativas en esferas
privatizadas, y donde lo público apareciera como un
ámbito de tolerancia mutua. Aun tratándose de una
perspectiva que parece ajustarse bastante bien a algunos rasgos
de la ciudadanía realmente existente, hay quien se queja
de lo que podríamos llamar la "insoportable levedad del
liberalismo" a
este respecto. Es decir, para algunos, esto supondría una
extrema "delgadez cívica" en los principios
definitorios de la ciudadanía liberal , que
basándose en una definición de reglas
mínimas de participación y tolerancia, no
tendería a la ampliación de las bandas
participativas ni a la incorporación a los programas
públicos de enseñanza de ciertas actividades destinadas
a la creación de hábitos de diálogo y
deliberación conjunta.
Quizá por esa razón, los demócrata-
participativos son más exigentes con la educación
cívica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadanía
mediante la participación y la creación, a
través de ella, de mutuo respeto y no
discriminación . O sea, categorías más
densas que la de tolerancia, como las de mutuo respeto y no
discriminación, sólo serían
susceptibles de diseminarse socialmente mediante prácticas
deliberativas emprendidas en común por los ciudadanos .
Pero esta exigencia comportaría tanto la necesidad de
incentivar la participación extensiva a todas las zonas de
la sociedad civil,
como la necesidad de diseñar programas
educativos estatales y globales que incidieran positivamente en
el tipo de valores que se trata de incentivar
(deliberación conjunta, mutuo respeto, solidaridad,
etc.).
En todo caso, conviene no sobrecargar demasiado la
categoría de participación ciudadana, sobre todo
para no convertirla en una visión en exceso moralizante e
irrealista. Y ¿cómo evitar la sobrecarga? Para
contestar a esta pregunta diríamos que es necesario acudir
a recientes formulaciones sobre el concepto de
ciudadanía. Es decir, es necesario construir un concepto
intermedio de ciudadanía capaz de recoger con realismo las
exigencias mínimas de lo que debe ser un ciudadano
democrático, sin sobrecargarle demasiado de deberes
cívicos y sin convertirle en un concepto
vacío. Por decirlo como Robert Dahl,
necesitamos un "good enough citizen".
Para empezar, ese ciudadano «intermedio»
debe construir su autonomía como ciudadano
«reactivo», es decir, debe participar directamente
reaccionando ante lo intolerable cuando así lo aconseje su
juicio político. Si los mecanismos institucionales
rutinarios fracasan, la acción ciudadana dirigida a
restaurar la sociedad
democrática a sus fundamentos morales se hace ineludible.
Lo que John Rawls llamaba «reinvigorate the public sense of
justice» es justo lo que obliga al «good enough
citizen» a la acción participativa en cualquiera de
sus variantes. Esta «obligación participativa
mínima» es ineludible por razones ligadas a la
autoidentidad de una sociedad
democrática. No se trata aquí de intereses sino en
un sentido simbólico: la acción reactiva frente a
la injusticia y lo intolerable, esté o no ligada al
autointerés, es siempre algo más que el mero
autointerés. Es también -y fundamentalmente- la
protección del «interés» en vivir en un mundo que sea
posible legitimar de acuerdo con nuestros valores centrales. Si
algún suceso rompe la coherencia de la
autodescripción, la participación reactiva debe
restaurar los mínimos de coherencia. En este sentido, el
ciudadano reactivo es, ante todo, un buen juez. Un juez
crítico que utiliza su reflexividad sobre los valores
públicos y se constituye así en intérprete
crítico de la realidad política que le
rodea.
Pero para realizar esas funciones
críticas, se requiere un aumento de la capacidad cognitiva
del ciudadano. No se trata ya de que participe directamente sino
de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las
más diversas realidades. De que sea capaz, como recomienda
Robert Dahl, de empatía con los otros y sus problemas. Que
sea capaz, cabría añadirse, de empatía con
las decisiones de sus representantes, esto es, de pensar
poniéndose en su lugar. De hecho, lo que se exige a
cualquier ciudadano en cualquier democracia es
empatía con aquellos que toman decisiones en su nombre
como vía para juzgarles. Incluso la más delgada
teoría
económica de la democracia,
basada en la comprensión de los actores en términos
de intereses, requiere de este concepto de empatía si
quiere comprender la accountability de los procesos
electorales. Esta condición del juicio empático es,
en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de
la autonomía. Los ciudadanos son autónomos si
logran desarrollar su juicio político y juzgan mediante
empatía. La tradición republicana
democrática asociaba esta virtud con la
participación política. La tradición liberal
puede asociar el desarrollo del juicio político a otras
esferas y actividades17 , pero no puede escapar de
él sin eliminar al tiempo los
fundamentos mismos de la democracia (incluso entendida en
términos mínimos).
5. Acerca del concepto de
gobernabilidad
El origen de la utilización reciente del
término gobernabilidad está íntimamente
vinculado a su inclusión como problema a abordar por la
Comisión Trilateral durante la década de los
años 70. Esta inclusión es el resultado de la
constatación de un incremento en la insatisfacción
y desconfianza que provoca el funcionamiento de las instituciones
democráticas en los países desarrollados. La
Comisión Trilateral adopta una interpretación
claramente conservadora del concepto de gobernabilidad al
asociarlo principalmente con una sobrecarga de demandas sociales
frente al Estado
(Huntington y otros, 1975). Desde esta interpretación la
ingobernabilidad está asociada, por un lado, a la falta de
eficacia de
los Estados para responder a los crecientes reclamos de la
sociedad en el marco de las condiciones económicas
existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la
ciudadanía hacia los políticos y las instituciones
democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas (Rojas
Bolaños, 1995).
La esencia conservadora de esta postura está
reflejada en la idea de que es la ampliación de la
democracia la que, al permitir la articulación de mayores
demandas de la sociedad civil
frente al Estado, se deslegitima como sistema: «La
democracia, según este razonamiento, cuando se profundiza,
alimenta ofertas y demandas, vuelve ingobernable a la sociedad.
La pérdida de confianza entre los electores y sus
partidos, entre la ciudadanía y las políticas
estatales […] produce estados de ingobernabilidad. Y como este
tipo de sociedades no
limita la participación popular, el resultado es una
desconfianza hacia la democracia misma […]» (Torres
Rivas, 1993: 92). Desde la perspectiva de la Trilateral,
gobernabilidad y democracia parecen ser dos términos
contradictorios: «…un exceso de democracia
significaría un déficit de gobernabilidad; una
gobernabilidad fácil sugiere una democracia
deficiente…» (Rojas Bolaños, 1995: 24). Por otra
parte, desde esta visión, el único protagonista
capaz de crear condiciones de gobernabilidad es la elite
gobernante a partir de una determinada ingeniería social, de modificaciones en el
nivel procedimental de los sistemas
políticos o de apelar a la ayuda de mass media a efectos
de incrementar los niveles de legitimidad.
De esta manera, las estrategias que
se proponen frente a esta situación también
conllevan una impronta conservadora: disciplinar a través
de mecanismos ideológicos o coercitivos a la sociedad, a
fin de limitar su capacidad de demanda. Como
veremos más adelante, el aporte que la educación
puede brindar en el marco de este concepto de gobernabilidad se
encuentra asociado únicamente a su función
socializadora e ideológica en torno a legitimar
un orden social establecido.
Estas perspectivas son retomadas para América
Latina en los años 90, a partir de los documentos
elaborados por los organismos de financiamiento
internacional, en particular el Banco Mundial
y el BID. Probablemente los documentos
Governance and Development (1992) del Banco Mundial y
Gobernabilidad y Desarrollo. El estado de
la cuestión (1992) del BID, han jugado un papel
fundamental en la reaparición del concepto en la arena de
la política y las ciencias
sociales de la región. Recuperada la institucionalidad
democrática y habiendo desaparecido (al menos
momentáneamente) los enemigos «externos» del
sistema, los problemas de
gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del
propio Estado y del sistema político. Por otra parte, la
preocupación por el uso eficiente y transparente de la
asistencia financiera internacional lleva a incorporar a la idea
de gobernabilidad los conceptos de «rendición de
cuentas» o
responsabilidad (accountability), predictibilidad,
honestidad,
etc.
De esta manera también se incluyen en un lugar
privilegiado las variables
vinculadas a la relación del Estado con el conjunto de
organismos económicos y poderes públicos y la
interacción con los actores de la sociedad civil
organizada, la economía y el
mercado. Estas
interacciones aparecen como fundamentales para desarrollar la
posibilidad de formar «consensos o mayorías
estabilizadoras». Así la gobernabilidad deja de ser
un asunto de ingeniería en el ámbito de la
cúpula del Estado para pasar a ser un proceso
más complejo donde deben interactuar un conjunto de
actores: «[…] por lo tanto la gobernabilidad
democrática no es solo el producto de la
capacidad de un gobierno para ser
obedecido por sus propios atributos (transparencia, eficacia,
accountability), sino de la capacidad de todos los actores
políticos estratégicos para moverse dentro de
determinadas reglas de juego -una
especie de concertación-, sin amenazas constantes de
ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la
sociedad…» (Filmus, 1998).
En este punto también es sustancial
señalar una distinción que, para el caso de las
condiciones particulares de los países latinoamericanos,
no es menor. Esta distinción hace referencia a las
perspectivas que absolutizan el papel de la
voluntad de los actores en torno al mantenimiento
de un equilibrio
inestable, que se ajusta periódicamente a través de
mecanismos previstos institucionalmente, y aquéllas que
priorizan las condiciones socioeconómicas necesarias para
alcanzar un grado de legitimidad (no solo de legalidad) que
permita la gobernabilidad democrática. Las primeras
perspectivas, aun incorporando al análisis de las condiciones de
gobernabilidad los mecanismos de articulación entre Estado
y sociedad civil, enfatizan principalmente los aspectos
vinculados al espacio político-institucional. Desde esta
visión, la gobernabilidad estaría cuestionada sobre
todo por la «crisis de
representatividad» que hoy viven nuestras sociedades.
Esta crisis, si
bien no ha afectado aún a la credibilidad en el sistema
democrático, ha comenzado a cuestionar los procedimientos
utilizados para la elección de los representantes, a los
partidos
políticos y a los propios políticos como
grupo que
prioriza sus propios intereses antes que los de sus
representados.
El aporte de la educación a la gobernabilidad
democrática
La visión restringida del fenómeno de la
gobernabilidad implica la perspectiva de un aporte también
acotado del sistema educativo. Desde estas concepciones se
enfatiza su capacidad para propender hacia la reproducción y legitimación de un
orden social preestablecido, con el objetivo de
limitar la capacidad de la ciudadanía para desarrollar
demandas que desborden la posibilidad del Estado de
satisfacerlas. Al mismo tiempo, se
sostiene que la escuela, en el
marco de la fuerte tendencia a la exclusión que presentan
el mercado de
trabajo y la sociedad de consumo, pasa
a ser la única institución capaz de evitar la
«anomia social» que, en el sentido durkhemniano,
puede cuestionar la cohesión social (Filmus, 1998). La
posibilidad de impedir la gestación de
«minorías vehementes» que, a través de
manifestaciones violentas, expresen su enfrentamiento con una
sociedad que los margina, es también uno de los
principales aportes que la escuela
está en condiciones de realizar para la
gobernabilidad.
La función
reproductora de la educación que se espera, desde estas
perspectivas, opera en una doble dimensión. Por un lado,
respecto al sistema político, tanto a partir de su
capacidad para seleccionar las elites dirigentes como de asegurar
obediencia y disciplina
social frente a un orden institucional que es presentado como
«natural» y que reserva el papel protagónico
para una selecta minoría. En este punto, parece más
importante el rol de la educación de socializar a todos
los niños y
jóvenes en los valores y actitudes
hacia el respeto a las instituciones, que dirigirse a la
adquisición de las competencias
necesarias para la participación integral en el mundo del
trabajo y de la vida ciudadana. Es por ello que en ciertos
períodos históricos se ha privilegiado mucho
más la permanencia de los estudiantes en la escuela que el
acceso a los conocimientos que la educación promete. En
este sentido no hay que olvidar que la escuela es la única
institución con capacidad de sanción (a
través del trabajo pedagógico y por intermedio de
la autoridad
pedagógica) hacia quienes no incorporan las pautas de
socialización previstas. Ello no implica
desatender el papel que con gran eficacia desempeñan con
el mismo objetivo los
medios masivos
de comunicación.
La segunda dimensión en torno a la reproducción hace referencia al orden
económico. En este sentido, se potencia la
capacidad del sistema educativo para tender a reproducir y
legitimar las desigualdades sociales y económicas,
principalmente a partir de la imposición de perspectivas
falsamente meritocráticas, y de la reproducción de
los circuitos de
la pobreza. La
posibilidad de demanda frente
al Estado queda disminuida cuando se atribuyen las causas de la
desigualdad social a las diferentes capacidades individuales de
las personas. Estas funciones,
destinadas a crear condiciones de gobernabilidad a partir del
disciplinamiento y la reducción de las expectativas de los
grupos
sociales subalternos respecto a la posibilidad de que
el Estado
incorpore sus perspectivas y atienda sus demandas, han sido
fuertemente cuestionadas y denunciadas por los teóricos
crítico-reproductivistas en las últimas
décadas. Sin embargo, estas concepciones teóricas
dejaron poco lugar para prever un aporte sustantivo de los
sistemas
educativos a la construcción de una gobernabilidad
democrática en el sentido integral con que la hemos
definido anteriormente, y que requiere, entre otros aspectos, un
fortalecimiento del conjunto de los actores sociales. Entre otras
razones, porque desde estas visiones también el Estado y
los grupos dirigentes
son vistos como actores excluyentes en la construcción de las orientaciones que
determinan las políticas
y las prácticas educativas.
Tomemos el problema sobre los actuales dententadores del
poder politico
y hasta qué punto quisieran hacer que el ciudadano tenga
un espacio de participación, evitando que la
asociación de la idea anterior sea vista como
pérdida del poder.
Para ello intentemos plantear un razonamiento de cómo
llegar a crear este espacio haciendo premisas:
a. Al Estado entendido hacia los ciudadanos como el Gobierno Central
(Ejecutivo) en su conformación actual no le conviene
desprenderse de parte de su poder a favor de un grupo de
ciudadanos, de algunas ONGs e inclusive a favor del mismo
gobierno a nivel descentralizado, y nos apoyamos en los problemas
de asignación de situado a las gobernaciones y
alcaldías.
b. Al Estado actual lo conforman nuevos actores políticos,
figuras que están donde están por aliarse con el
Presidente: estas figuras quieren surgir, hacer algo para que se
note que son personas y no zombies. Una manera es estorbar,
oponerse a directrices que vienen de la fuente partidista (MVR).
Por otra parte debe haber desconocimiento de cómo realizar
algunos procedimientos
burocráticos (sin cuestionar si son necesarios o no, la
burocracia en
Europa, p.e.
sí funciona).
c. El estado actual está en un proceso de
"reconversión": La aparición de nuevas
instituciones por mandato de la Constitución Bolivariana de 1999, la
transformación de otras ( aunque se aprecie que
sólo de nombre), el control de la
cantidad de funcionarios públicos a nivel de
jubilación de los existentes y contratación por
tiempo determinado (3 o 6 meses) y sólo contratando a los
que "hacen falta", no ya repartiendo cargos por razones
políticas). Estos hechos son muestra de que
existe una transformación del Estado. Esta
reconversión se está reflejando en el marco legal,
sea a nivel de A.N o esta Asamblea le delega al Presidente a
través de una Ley Habilitante
la creación de normas
jurídicas.
El modelo del
nuevo ciudadano participativo que se quiere, (el cual no
está definido dentro del marco del nuevo Estado, y que se
está generando según el punto c.) será
moldeado fundamentalmente a través de un proceso continuo
de transformación por la educación. La
educación formal es una vía para lograrlo, pero el
resultado será observable en el largo plazo. Una
institución que puede comenzar desde ya a trabajar
sistemáticamente en ello es el CONICIT, adscrito al
Ministerio de Ciencia y
Tecnología.Y otro aspecto a tener en cuenta en todo
este modelaje es la sostenibilidad o la continuidad de estos
programas durante las sucesivas administraciones posteriores a la
que decida implementar un programa de esta
índole.
6. Constituciones
venezolanas y participación ciudadana
Durante los años transcurridos entre la
Declaración de la Independencia
a nuestros días, los destinos de la nación
se han visto regidos por el ordenamiento jurídico
establecido en las Constituciones. Desde la primera Constitución en 1811, hasta la
Constitución de 1999 han existido aproximadamente 27
Constituciones en Venezuela.
Las constituciones venezolanas, hasta 1961 no muestran en su
conjunto, la definición de instituciones donde la
ciudadanía pueda participar directamente en la
política. Quizá ello obedece a que en el escenario
donde fueron definidas imperaba la idea de la democracia
representativa, donde el pueblo delegaba lo relacionado con el
poder a un grupo de dirigentes agrupados alrededor de partidos
políticos. ¿Se comprobará la tesis de
Marx de que
las instituciones burocráticas no posibilitan la
transformación de la sociedad?
Norberto Bobbio (Bobbio, 1987:44) afirma que la burocracia se
crea como un medio para lograr cietos fines, pero después
ella misma se convierte en un fin, es decir, que la programación de actividades para
perpetuarse a sí misma es el fin que suplanta al que le
dio origen. Tal fórmula encuentra su mejor
comprobación en el ejercicio venezolano, donde la
democracia se ha convertido en un fin para procurar poder, que ha
suplantado a los postulados, como dice Bobbio, que le dieron
origen.
Vamos enseguida a analizar aspectos claves de las modificaciones
propuestas en la constitución y suscritas por el soberano,
en aras de evaluar hasta qué punto son éstas
herramientas
que podrían echar las bases de nuevas y más
efectivas fórmulas de participación para el logro
de una nueva cultura
política.
Espacios de Participación Ciudadana Analizada a
través del concepto de autogestión
El enfoque que le hemos dado al ejercicio propuestotiene como
presupuesto hacer
un aporteen el ámbito de la participación
ciudadana.
Realizando el análisis a través de las
categorías marxistas tomamos el concepto de
autogestión.
En su escrito "sobre la cuestión Judía" Marx
expresó la opinión de que "la emancipación
humana sólo será completa cuando el individuo […]
haya reconocido y organizado sus propias fuerzas como fuerzas
sociales, de forma que ya no separe el poder social de sí
mismo como fuerza
política". Tambi´´en escribe Marx en su
"Miseria de la Filosofía":
…"las asociaciones de la clase obreradeberían sustituir
a la
administración política de la sociedad
burguesa".
En "El Capital" (III,
Cap. 48) expone Marx la idea de la libertad en la
esfera de la producción material: "Los productores
asociados regulan un intercambio con racionalidad natural" y "en
condiciones más favorables para la naturaleza humana
y dignas de ella". En el marxismo se
consolidó un proceso de autogestión en donde se
incorporaba directamente al obrero a los órganos
básicos que adoptan decisiones en las empresas.
Los medios de
producción están socializados (son
propiedad de
la comunidad obrera
o de la sociedad entera). En las
comunidades menores directamente, y en las mayores a
través de sus delegados del Consejo Obrero, los
trabajadores deciden sobre los asuntos fundamentales de
producción y la distribución de los ingresos. La
gestión
operativa técnica está subordinada a ellos, quienes
también la controlan. En un sentido más general la
autogestión es una forma democrática de organización de toda la economía constituida
por diferentes niveles de consejos y Asambleas. Los Consejos
centrales de los obreros de las empresas
envían a sus delegados a corporaciones de más alto
nivel de todo el sector y del conjunto de la
economía.
En cada nivel la corporación o grupo autogestor
es la suprema autoridad
responsable del desarrollo y realización de la
política y de la coordinación entre empresas relativamente
autónomas.
En el sentido más general autogestión es la
estructura
básica de la sociedad socialista en el campo de la
economía, de la política y nde la cultura. En todos
los sectores de la vida pública –educación,
cultura, investigación científica, servicios
sanitarios, etc. La adopción
de decisiones básicas está en manos de los consejos
y asambleas de autogestión organizados según los
principios
productivos y territoriales. En este sentido, trasciende los
límites
del Estado. La autogestión implica un nuevo tipo
socialista de democracia. En contraposición con la
democracia parlamentaria, no se reduce a la política, sino
que se extiende a la economía y a la cultura; subraya la
descentralización, la participación
directa y la delegación de poder para lograr un
mínimo de coordinación necesaria. Los partidos
políticos pierden su función dominante y estructura
oligárquica. Su nueva función consiste en educa,
expresar una serie de intereses, formular programas de largo
alcance y buscar el apoyo de la masa en su favor.
Trasladándonos al espacio-tiempo actual y
buscando dentro del texto
constitucional venezolano leyes que apoyen
procesos de
autogestión como espacios de participación
ciudadana, observamos en el Título VI Del Sistema
Socioeconómico y la función del Estado en la
economía, en el artículo 300 se contempla:
"La ley nacional
establecerá las condiciones para la creación de
entidades funcionalmente descentralizadas para la
realiazción de actividades sociales o empresariales, con
el objeto de asegurar la razonable productividad
económica y social de los recursos
públicos que en ellas se inviertan"
Los procesos de autogestión en Venezuela
forman parte de un empuje hacia la Reforma del Estado y en el
fondo es un
proceso de redistribución social.
Los procesos de autogestión rompen con la democracia
centralista y esto forma parte de un proceso histórico que
esperaba del poder central un grado mayor de autonomía
para tomar aquellas decisiones que son esenciales a la vida, pese
a que esta aspiración es sentida por muchos ciudadanos, no
se ha observado que efectivamente se haya luchado por ella, de
hecho la descentralización ha sido dada "desde
arriba" por la misma necesidad del Estado de
reformarse.
Analizando el hecho escueto de la materialización
de la principal promesa electoral (llamado a la Constituyente y
modificación de la constitución), los resultados
observables en el corto plazo parecieran estar demostrando que no
descansa solo en un cambio de los
intstrumentos de participación, en las normas o en
reglas formales la fórmula perfecta para propiciar el
ejercicio de toda una nueva cultura política.
Los hechos parecieran mostrar que es en la ética, en
el respeto a las reglas de juego, y en el
ejemplo, donde está la clave. Un
cambio
actitudinal, propiciado en el cultivo intelectual y actitud
cívica de los ciudadanos como parte activa y fundamental
del sistema es inexcusable a la hora de echar las bases
formativas de los sujetos de la verdadera democracia.
La concreción de reformas puntuales, oficializadas con el
favor del voto popular, no constituyen la fórmula segura
del cambio. Los diagnósticos han sido planteados hasta la
saciedad, y se han concretado algunas de las fórmulas de
solución planteadas; pero la realidad está
mostrando que aún no se logra el verdadero cambio en su
esencia. La realidad parece decir que no es en el cambio de los
instrumentos sino de la concepción y la práctica
donde está la clave para la formación de individuos
capaces de accionar una nueva cultura política.
Esta revolución
pacífica está llena de paradojas. Se ha montado
sobre un descontento generalizado que acicateó la
participación del soberano en acciones que
ha respaldado más por rechazo a lo hasta ahora existente,
que por conocimiento
concienzudo de las nuevas propuestas. La revolución
se está concretando, pero a la vez, a medida que avanza el
proceso, la desmotivación gana terreno en buena parte del
electorado. Es contradictorio por decir lo menos, que gozando del
inmenso apoyo popular que propugna con frecuencia, los procesos
electorales impulsados por los nuevos actores, no logren
estimular la participación ciudadana mediante el voto.
Según cifras del Consejo Supremo Electoral, ahora
funcionando como Consejo Nacional electoral, desde 1993, la
abstención del venezolano se ha situado en niveles no
inferiores al 36 por ciento, lo que constituye una ruptura con
las elevadas tasas de participación en comicios
presidenciales que prevalecieron hasta la década de los
ochenta. La abstención electoral, que fue baja en los
primeros seis comicios nacionales de la era democrática (7
% en 1958; 8% en 1963; 3 % en 1968; 3 % en 1973 y 12 % en 1978 y
1983) alcanzó 18 % en las elecciones de 1988; 40 por
ciento en 1993, 36 % en 19998 y el 44 % el 30 de Julio de este
año. En consultas y elecciones no presidenciales, aumenta
la falta de concurrencia con valores del 63 %, 54 % y 56 %
observador en abril, julio y diciembre de 1999 respectivamente,
con motivo del referendum consultivo sobre la convocatoria de la
Asamblea Constituyente, de la elección de los integrantes
a esa Asamblea y del referendum aprobatorio de la nueva
Constitución.
Tal y como analiza Herbert Koeneke en su ponencia sobre la
participación política en la Venezuela finisecular
presentada en noviembre pasado ante la convención anual de
ASOVAC, "la participación política en una
democracia está asociada con factores actitudinales,
motivacionales, sociales e institucionales cuyos pesos o
importancia pueden variar de un contexto geográfico o de
un contexto histórico a otro".
El aporte de la educación a la gobernabilidad
democrática no se puede restringir de ninguna manera a su
papel en la reproducción social. Por el contrario, el
afianzamiento de la democracia exige poner el énfasis en
el rol de la educación para fortalecer la capacidad de los
actores de la sociedad civil en su articulación con el
Estado.
La participación ahora se contempla desde el punto de
vista de sus efectos beneficiosos en la creación de mutuo
respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de
experiencia en la negociación, de desarrollo de valores
dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en
definitiva, de autodesarrollo personal en la
multiplicidad de esferas públicas que la democracia pone
al alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo
personal es
puede ser descrito en buena medida, en términos de
autodesarrollo moral .
Con todo, tal vez el gran logro de la revolución que se
nos revela hasta ahora, sea justamente el de haber reivindicado
la política como tema fundamental de discusión. Es
innegable que en matrimonio con la
decadencia del sistema, la necesidad de información de los ciudadanos ha ido en
franco aumento: valga de ejemplo la profusión de medios de
comunicación de los últimos diez años.
La política es ahora el eje central de las discusiones
colectivas, no excentas de gran expectativa.
Pero los medios acaparan en todo este proceso un doble rol: el de
satisfacer la creciente necesidad de información de los ciudadanos, y el del
espacio vacío que han dejado los partidos como creadores
de distintas corrientes de opinión , al sucumbir ante los
rigores de la revolución.
Todo lo anterior no hace menos que colocar la discusión en
otro nivel de análisis: ¿por qué, siendo
profusos y coincidentes los diagnósticos del fracaso del
Puntofijismo, habiendo consenso en torno a la necesidad del
cambio, habiendose materializado buena parte de esos cambios, los
niveles de participación lejos de aumentar disminuyen cada
vez más?
Recordando a Marx: "La causa remota, la raíz del proceso
revolucionario no es otra que la propiedad de
los medios de producicón; la causa inmediata es la
alienación total de la clase proletaria; la
condición esencial y principal del proceso revolucionario
es la cristalización y politización de una conciencia de
clase".
CARRACEDO
Paradigmas de
la política. Edit. Anthropos, Barcelona,
1990
José Rubio Constitución de 1953
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. (Es
copia de la Gaceta Oficial, Nº 372 Extraordinario, del 15 de
abril de 1953). Encontrada en la Biblioteca
Simón Rodríguez, Caracas.
ROMERO, Aníbal
DECADENCIA Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA.Editorial Panapo, Tercera
Edición, 1999.
LINZ, Juan J
LA QUIEBRA DE LAS
DEMOCRACIAS, Alianza Universidad.
1987.
ROMERO, Aníbal
LA MISERIA DEL POPULISMO,
Editorial Panapo, Tercera Edición, 1996.
ROMERO, Aníbal
DISOLUCION SOCIAL Y PRONOSTICO POLITICO. Editorial Panapo,
1997.
CONSTITUCION DE 1961 EDITORIAL "LA TORRE" (Es copia de la Gaceta
Oficial, Nº 662 Extraordinario, de 23 de enero de 1961).
Incluye las enmiendas de 1973 y 1983.
Autor:
Ma. Elena Lavaud.
Ninoska Litchenka Arellano
Carlos Alberto Marcano
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